¿Quién gana con las políticas fronterizas de la Unión Europea?
La investigación de porCausa permite, por primera vez, probar que existe en España una Industria del Control Migratorio, identificar a los actores que operan en ella, estimar su magnitud y acceder a las herramientas para estudiarla en detalle.
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Vallas, concertinas, sistemas de vigilancia, centros de internamiento, vuelos de deportación: estas son algunas de las herramientas de la política de control migratorio. Bienes y servicios organizados en forma de industria y destinados a detener, gestionar o deportar los flujos migratorios que se acercan a nuestras fronteras. Una industria como la naviera que produce barcos, la farmacéutica que comercializa medicamentos o la de defensa.
Este conjunto de empresas, organizaciones e intereses está estructurado alrededor de cuatro tipos de actividades: el control y la protección de los perímetros fronterizos (como las vallas de Ceuta y Melilla o el mar Mediterráneo); la detención y expulsión de inmigrantes en situación irregular (desde los centros de internamiento de extranjeros a los vuelos de deportación); la acogida e integración de inmigrantes y la externalización del control de los flujos migratorios a través de acuerdos con organizaciones e instituciones en terceros países. Los dos primeros tipos concentran más del 97 por ciento del total de la cuantía.
La maquinaria de la Industria del Control Migratorio depende de la UE, que pone buena parte del dinero y decide dónde se gasta. España participa en la discusión política y aporta algunos recursos, sobre todo para la construcción de infraestructuras como las vallas. Las fuentes comunitarias de financiación incluyen una diversidad de fondos europeos destinados a la vigilancia de las fronteras exteriores, el retorno de los inmigrantes irregulares, la seguridad interior o las políticas de asilo. También juega un papel relevante Frontex, la agencia para la gestión integrada de las fronteras exteriores de la UE, que pronto se convertirá en la Guardia Europea de Fronteras y Costas.
Al final de todo este proceso están las empresas, organizaciones y Estados terceros que ejecutan los programas y proyectos. A pesar de la opacidad que caracteriza a toda esta industria, la investigación de porCausa ha permitido identificar más de 900 contratos públicos que cubren sobre todo el período 2010-16, aunque algunos corresponden a años anteriores.
Entre los años 2002 y 2017 España gastó en el despliegue de perímetros fronterizos y en actividades de detención y expulsión de inmigrantes una cantidad de al menos 896 millones de euros. Esta cifra procede de los diferen tes fondos europeos destinados a la protección de fronteras, el retorno, la seguridad y el asilo, así como a los recursos canalizados a través de Frontex. España contribuyó también a esta cifra con sus propios recursos a través de la cofinanciación de los fondos europeos y la inversión en infraestructuras de control migratorio.
La información sobre las actividades a las que se ha destinado este dinero solo está disponible de forma parcial. Pese a ello, nuestra investigación ha podido identificar 943 contratos públicos por un valor total de 610 millones de euros, destinados a diferentes actividades relacionadas con el control migratorio. La base de datos que porCausa pone a disposición del público es una herramienta de enorme valor para identificar a los ganadores de la Industria del Control Migratorio y un sólido punto de partida para futuras investigaciones.
La lista de destinatarios de los recursos de la Industria del Control Migratorio incluye una diversidad de empresas, varias de ellas de participación pública. Las actividades más costosas tienen que ver con el desarrollo tecnológico de vigilancia de fronteras y acceso a la UE a través de ellas. Pero también destaca la contratación de vuelos destinados a la deportación de inmigrantes y la gestión de los centros de internamiento y de estancia temporal.
Diez de las cerca de 350 compañías incluidas en la base de datos acumulan más de la mitad del total de los recursos concedidos a través de contratos públicos. Estas son Indra, Amper, Eurocopter, Albie, Telecomunicación-Electrónica y Conmutación, Atos, Dragados, Ferrovial, Siemens, Telefónica y GMV. La compañía tecnológica Indra es la mayor adjudicataria de los contratos identificados, con participación en 60 operaciones por un valor de cerca de 110 millones de euros.
"Indra, Dragados y Ferrovial son las tres empresas del Ibex que más partido le han sacado a la intención del Gobierno y de la Unión Europea de cerrar el grifo a la llegada de personas en situación irregular a la costa mediterránea, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Entre las tres compañías se han adjudicado contratos por valor de 125 millones de euros en proyectos para reforzar el control de la frontera española.
En total, los esfuerzos por frenar la llegada de personas en situación irregular, ya sea por mar o a través de la valla que separa España del continente africano, ascienden a, al menos, 610 millones en los últimos 15 años. Así lo demuestran los datos procedentes de los contratos adjudicados por el Gobierno, recopilados por la fundación porCausa en colaboración con El Confidencial".
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Autores y dirección de investigación: Virginia Rodríguez y Gonzalo Fanjul.
Investigación: Ander Alonso, Daniel Encinas, Lydia García, Lucía Gómez, Yuly Jara, Belén Jiménez, Isabel Linares, Daniel Martínez, Carmen Martínez, Juan Matilla, Héctor Millano, Daniel Mora, Álvaro Puyo y Carmen Ynzenga.
Fotos: Ignacio Marín. Infografías: Alba Martín. Agradecimientos: Ferriol Ametller, Lisette Diaz, Irene Diego, Pedro Fernández, Ana González-Páramo, David Pastor, Antonio Trives, Déborah Itriago, Lucila Rodríguez-Alarcón, Chantal Touzet y Elena Cabrera.
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