Qué ha pasado en los CIE durante 2017

Del intento de clausura del CIE de Barcelona a la polémica por la utilización de una cárcel en Archidona pasando por la revelación de gastos en el CIE cerrado de Fuerteventura.

2017 ha sido un año en el que se ha hablado mucho sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y así seguirá siendo en 2018, ya que deberá resolverse el cuestionado uso como CIE del centro penitenciario de Archidona y la construcción del CIE de Algeciras según un nuevo modelo propuesto por el Ministerio del Interior. También esperamos saber en 2018 qué planes tiene el Gobierno para los CIE comprometidos en Madrid y Málaga. El Gobierno sigue adelante con sus planes sin buscar el consenso político y ante un fuerte clima de oposición ciudadana y de las organizaciones que defienden los derechos humanos.

2017: UN RESUMEN AL AÑO EN CLAVE CIE

24 de marzo de 2017. La Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), a través de su Servicio de Epidemiología, constata un total de 127 positivos de tuberculosis entre internos y trabajadores del centro. La alarma salta a finales del mes de febrero cuando detectan la enfermedad, que afecta a las vías respiratorias, es especialmente contagiosa y se transmite por un bacilo, a un joven maliense que iba a ser expulsado y tuvo que ser ingresado en el hospital. También se detectó la enfermedad respiratoria a un trabajador del centro. Los médicos explicaron que el alto número de positivos no tenía una relación directa con el desarrollo de la enfermedad, puesto que también incluye a las personas vacunadas contra la tuberculosis y a todos aquellos que padecieron la enfermedad anteriormente y ahora están curados. Finalmente, no aparecieron más casos. Según la ASPB, en Barcelona se localiza al año una media de 300 casos de tuberculosis, distribuidos de manera desigual en los diferentes distritos y afectando especialmente a personas en peor situación socioeconómica.

29 de marzo de 2017. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ordena precintar el CIE de la Zona Franca debido al posible brote de tuberculosis entre los internos y solicita que las instalaciones se cierren en el plazo de dos meses. A partir de este momento tiene lugar un choque institucional entre el Gobierno municipal y el Ministerio de Interior para hacer valer esa orden. Otro de los argumentos jurídicos que esgrime la Alcaldía es la falta de licencia para el edificio correspondiente con la actividad que desempeña, así como las irregularidades que se dan en él. El Gobierno replica que este tipo de instalaciones no necesitan una licencia como si se tratara de un local comercial, y la Delegación del Gobierno recuerda al Consistorio que este no tiene competencias para poder solicitar el cierre del CIE.

4 de abril de 2017. Primera comparecencia de Juan Ignacio Zoido en el Senado a petición del grupo parlamentario Unidos Podemos sobre la información recogida en prensa de la apertura de tres nuevos Centros de Internamiento de Extranjeros en el Estado español. La parlamentaria María Isabel Mora, de Unidos Podemos, preguntó para qué es necesaria la construcción de nuevos edificios cuando los centros tienen una ocupación de un 36% de su capacidad de internos. “Son necesarios tres nuevos CIE: uno en Málaga —que sustituya al que se cerró—, uno en Algeciras y uno en Madrid, dada la situación del que hoy está en vigor”, explicó Zoido en su turno de palabra. Después añadió que buscaría el consenso del resto de formaciones políticas para el modelo de CIE. La contestación de Mora recordó cómo en estos espacios, tal como están concebidos, se violan los derechos humanos en alusión a los casos de internamiento de menores y víctimas de trata, y que realmente no se busca una participación real en debatir el modelo migratorio español al resto de fuerzas políticas.

8 de junio. El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) lanza su informe anual sobre la situación de los CIE (descarga en PDF) con los datos recogidos en 2016. Un total de 7.597 personas fueron internadas en ese año pero solo fueron expulsadas el 29,02% de ellas. Tres de cada cuatro internos ha llegado de manera irregular en pateras, 51 menores fueron identificados por esta organización (algo que va contra el reglamento) y 770 solicitudes de asilo fueron presentadas. La duración de estancia en estos edificios es de 24,47 días (el máximo que permite la Ley de Extranjería es 60 días).

10 de agosto. Protesta en el tejado del CIE de Aluche de un grupo de 86 personas después de que SOS Racismo denunciara una agresión policial a un joven argelino a principios de agosto. Los compañeros del joven agredido mostraron pancartas en el tejado reclamando la libertad y estuvieron toda la noche en una sentada. Una mayoría de los concejales del Ayuntamiento de Madrid plantean en julio el cierre de este centro y proponen a los internos en viviendas públicas mientras se resuelve su situación legal de extranjería.

15 de septiembre. La organización SOS Racismo presenta el Informe Anual sobre la situación del Racismo y la Xenofobia en España 2017 (descarga del informe en PDF) donde, entre otros temas, aborda, como cada año, las denuncias a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

30  de septiembre. 47 internos del CIE de Aluche (Madrid) escapan a las nueve de la noche tras las tensiones acumuladas desde las protestas de agosto en denuncia de los abusos de los funcionarios del centro. Una Unidad de Intervención Policial vigilaba el patio desde principios de mes, causando una sensación intimidatoria a muchos de los internos, que fueron entrevistados por las organizaciones sociales que los visitan. La Asociación Libre de Abogados y Abogadas emite un comunicado en el que se denuncia la situación ocurrida.

13 de noviembre. La investigación de la Fundación porCausa permite, por primera vez, probar que existe en España una Industria del Control Migratorio, identificar a los actores que operan en ella, estimar su magnitud y acceder a las herramientas para estudiarla en detalle.

18 de noviembre. Más de medio millar de inmigrantes, principalmente de nacionalidad argelina, llegan de manera irregular a las costas de Murcia y Almeria en 50 embarcaciones. (Las cifras globales para 2017, según el Ministerio del Interior, y hasta el 3 de diciembre, es de 20.195 inmigrantes llegados de manera irregular por vía marítima; un 168,1% más que los mismos datos del año anterior. Inmigración irregular. Informe semanal, del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2017: descarga PDF)

20 de noviembre. Un total de 519 personas fueron internadas en la cárcel no operativa de Archidona (Málaga) después de que siete jueces de instrucción Murcia dieran luz verde a esta decisión. Una decisión profundamente polémica debido a que el Reglamento de Extranjería (PDF Real Decreto 162/2014) prohíbe el encierro de personas en situación administrativa irregular dentro de centros penitenciarios. En este caso, el Gobierno basa su decisión en que todavía no es una prisión abierta y que se trata de una medida temporal.

21 de noviembre. Una veintena de organizaciones sociales vinculadas a la defensa de derechos de las personas migrantes tramitan una queja al Defensor del Pueblo de Málaga para mostrar su rechazo al ingreso en prisión de personas en una situación administrativa irregular. Denuncian la posible presencia de tres menores entre todos los internos.

27 de noviembre. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presenta en Algeciras (Cádiz) un nuevo modelo arquitectónico de CIE, que se haría sobre nueva planta, a diferencia de los actuales que se instalan sobre inmuebles destinados anteriormente a otros usos, como prisiones o comisarías. Se planea que los inmigrantes se distribuyan por sexo, procedencia, nacionalidad y religión, y que cuente con todos los servicios asistenciales, enfermería, abogados y oenegés. Zoido abrió una puerta a si “debe seguir siendo la Policía como hasta ahora o si es preferible que lo haga un cuerpo civil de funcionarios”.

El nuevo CIE de Algeciras está proyectado en una parcela de unos 20.000 m² y comenzará a construirse a lo largo de 2018. El Centro contará con nueve edificios residenciales con capacidad para 705 personas, convirtiéndose en el más grande (en funcionamiento) de España.

30 de noviembre. La investigación colaborativa de la Fundación porCausa, eldiario.es y El Confidencial desvela que la Dirección General de Policía (órgano a quien compete el mantenimiento de los CIE) ha seguido licitando los servicios de alimentación, limpieza y sanitarios para el CIE de El Matorral (Fuerteventura), a pesar de que desde mayo de 2012 no se aloja en él ningún interno, está cerrado temporalmente y sus instalaciones dedicadas a cuartel de infantería. A consecuencia de ello y debido a una cláusula de garantía mínima en el pliego de los servicios de alimentación, la empresa Albie factura 12.500 euros mensuales sin prestar ningún servicio. De 2013 a 2016, esto supone 525.000 euros de dinero público derrochado.

Ateniéndonos a la información remitida por el Portal de Transparencia a la Fundación porCausa por parte de la Dirección General de Policía, así como a la proporcionada por el Gobierno a la senadora María José López Santana, el CIE de Fuerteventura sigue generando gastos, a pesar de estar cerrado. A repetidas preguntas de los periodistas de los medios que están trabajando esta información, el Ministerio del Interior ha comunicado que la información que están proporcionando es incorrecta y que los gastos deberían ser cero. Una cantidad que se contradice con la facturación admitida por la empresa Albie, S.A. Según estos documentos, desde 2012 el inexistente CIE de Fuerteventura habría generado 5 millones de euros en gastos.

11 de diciembre. El Encuentro Estatal por El Cierre de los CIE moviliza en Canarias, por séptimo año consecutivo, a todas las organizaciones que centran su acción en la observación y denuncia a todo el proceso de regulación migratoria del Estado. Una de las denuncias principales es la reciente situación de los internos de Archidona como práctica ilegal y que legitima el uso de un centro penitenciario como herramienta para el control migratorio, y que podría terminar en la deportación de estos. Otra de las denuncias es el lucro existente para las compañías áreas que permiten que vuelen las personas que son deportadas de una manera express en un plazo menor de 72 horas. Las onegés piden la dimisión del Ministro del Interior debido a la violación institucional de los derechos humanos con hechos como el de la cárcel de Archidona y el anuncio de la creación de tres nuevos centros de detención. Con estas palabras se refieren desde el comunicado de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE a las políticas de Juan Ignacio Zoido: “Esto supone una vulneración sistemática de los derechos más básicos y la criminalización de las personas migrantes. Una práctica represiva que el Ministro del Interior trata de justificar ante la falaz situación de excepción migratoria y que puede terminar con la deportación de personas recién llegadas”.

29 de diciembre. Encuentran ahorcado en la cárcel-CIE de Archidona a uno de los inmigrantes internos, un argelino de 36 años. Había llegado allí después de que un Juzgado de Lorca (Murcia) dictara un auto de internamiento el 20 de noviembre sobre las 500 personas inmigrantes llegadas a las costas de Murcia en un fin de semana.

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