Archidona, la cárcel sin licencia convertida en CIE

El Gobierno defiende el uso de una cárcel sin estrenar para que cumpla las funciones de Centro de Internamiento de Extranjeros a pesar de que la Ley de Extranjería establece que estos centros no pueden tener caracter penitenciario.

El pasado lunes 20 de noviembre fueron internados más de medio millar de inmigrantes en el centro penitenciario de Archidona, a 52 kilómetros de Málaga capital. Habían llegado a las costas de Murcia y Almería entre el 18 y el 20 de este mes. El número de internos oscila entre 464 y 519 personas, dependiendo de la fuente, aunque todos coinciden en que la mayoría son de nacionalidad argelina y que hay al menos dos menores. Las órdenes de internamiento provienen de siete jueces de instrucción de distintos municipios de Murcia bajo la premisa de que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) están desbordados por la afluencia masiva de pequeñas embarcaciones en los últimos meses. Francisco de la Torre, alcalde de Murcia por el Partido Popular, defiende que la decisión tomada por Interior es “la menos mala” y que “no debe entenderse que porque estén alojados en el edificio de una futura prisión vayan a estar encarcelados”.

El centro en el que han sido internados estos inmigrantes no se encuentra todavía en funcionamiento, algo que el ministro de Interior, José Ignacio Zoido, ha resaltado en sus últimas declaraciones para justificar así la actuación del Gobierno. Sin embargo, la normativa del BOE del 18 de marzo de 2017 acredita a este lugar la capacidad de poder ejecutar en él penas privativas de libertad. En dicho informe se publicita además su finalización y su próxima apertura para el próximo año. Según el Ministerio de Interior, la prisión de Archidona fue construida en 2013 con un coste de 130 millones de euros, y su postura se ha pospuesto debido a que faltaba construir la torre de vigilancia. En enero de este año se informaba de que la cárcel entraría en funcionamiento entre febrero y marzo de 2018. Por otra parte, el mantenimiento de este centro penitenciario durante los cinco años que no ha sido abierto ha supuesto 540.000 euros anuales, según fuentes de Interior. Ángel Yuste, secretario general de Instituciones Penitenciarias, explicó en una rueda de prensa el 15 de octubre de 2015 que el recinto tiene una superficie de 10.100 m² y cuenta con capacidad para albergar a 2.000 reclusos.

Otra de las polémicas existentes respecto a la acogida de internos en el centro penitenciario de Archidona es que al no estar en pleno funcionamiento aún no dispone de luz y de agua potable. Fuentes del Ministerio de Interior afirman que al medio millar de personas se les ha entregado 2.000 raciones de comida y agua embotellada mientras solucionan los problemas de salubridad del edificio. Aunque Zoido, en una entrevista en Onda Cero, equiparaba las condiciones del centro penitenciario a las de un CIE: “disponen de agua caliente, electricidad, enfermería, calefacción y un campo de deportes”.

“Los actuales centros de internamiento son en la práctica cárceles sin los mínimos requisitos, pero internarlos directamente en centros penitenciarios es inaceptable”

A juicio de Arantxa Triguero, la presidenta de la asociación Málaga Acoge, con el traslado de estas personas a este centro penitenciario “se produce una privación de libertad ilegítima en un lugar no habilitado para ello”, y ha recordado, a través de un comunicado, que “la ley y el Tribunal Constitucional establecen que los Centros de Internamiento de Extranjeros no pueden tener carácter penitenciario y el centro de Archidona lo tiene”. No se les permite utilizar sus objetos personales, como teléfonos móviles, para comunicarse con el exterior y se han tenido que movilizar a 52 policías de la provincia por no disponer de funcionarios, según recogen los abogados que han acudido a asesorar a los reclusos. Otro de los detalles a los que no se hace mención es que los policías encargados de la vigilancia de un CIE tienen una formación específica en extranjería, control de fronteras e inmigración; algo que no se da en todos los agentes llamados a la prisión de Archidona.

La Abogacía Española manifestó el 21 de noviembre su “más absoluta condena” por el ingreso en el centro penitenciario de Archidona de los casi 500 inmigrantes y exigió su “inmediato traslado a un centro no penitenciario”. El sindicato de prisiones ACAIP denunció una “actuación deliberada” para dar información errónea a los juzgados de Almería y Murcia sobre el centro de Archidona al que autorizaban el traslado de los inmigrantes llegados el pasado fin de semana. Porque según el presidente del colectivo, José Luis Pascual, en los autos de los juzgados de estas dos provincias se señala que los inmigrantes serán internados en un Centro de Internamiento de Extranjeros dependiente de la Jefatura Superior de Policía de Archidona que “nunca ha existido”. Y en términos similares, el vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios, se alineó con las oenegé al no considerar adecuada la cárcel para el internamiento de inmigrantes. Es una muestra del rechazo provocado por esta decisión gubernamental en diferentes actores de la sociedad civil, sindicatos y partidos políticos.

El 21 de noviembre, más de una veintena de organizaciones sociales vinculadas a la defensa de derechos de las personas migrantes tramitaron una queja al Defensor del Pueblo de Málaga para mostrar su rechazo al ingreso en prisión de personas en una situación administrativa irregular. “Los actuales centros de internamiento son en la práctica cárceles sin los mínimos requisitos, pero internarlos directamente en centros penitenciarios es inaceptable y supone dar un paso más en la criminalización de la población inmigrante. No podemos entender cómo el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha dado el visto bueno para esta operación”, advierten en el comunicado. El jueves 24 de noviembre el Defensor del Pueblo envió a Archidona a un equipo técnico sin ‘previo aviso’ para elaborar un informe que detalle las condiciones y servicios que existen dentro del lugar. En este documento se detalla cómo no hay acceso a agua potable dentro de las instalaciones, los internos pasan un gran tiempo en el patio a pesar de ser casi diciembre, no se les ha entregado a todos ropa de  abrigo y no les dejan cargadores para sus teléfonos móviles. Una medida que les impide comunicarse con organizaciones por los derechos humanos que les visitan, amigos y familiares.

El propio Ayuntamiento de Málaga, ha aprobado en Pleno una moción de rechazo al internamiento de Archidona el 30 de noviembre. Este ayuntamiento ya se había destacado por su moción contra la apertura de un nuevo CIE en la ciudad.

“Los internos dentro de un CIE son mayoritariamente magrebíes porque son unas nacionalidades más sencillas de expulsar de territorio nacional debido a los acuerdos bilaterales”

En una línea similar Unidos Podemos pide una comparecencia urgente en el Congreso de Zoido por considerar que se está produciendo una violación de la Ley de Extranjería y pidiendo la puesta en libertad de estas personas. Apoyan las decisiones tomadas por los diversos colectivos que trabajan por la defensa de los inmigrantes y que cuestionan el funcionamiento propio de los CIE. Con palabras más contundentes se ha expresado el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, calificando al Ministro de Interior como “incompetente” y no descartando que su grupo parlamentario pida su dimisión.

Por su parte, el sindicato UGT ha denunciado en un comunicado este 20 de noviembre “la transformación de la cárcel de Archidona en un CIE encubierto”. El dirigente de este sindicato, Antonio González, sostiene que un establecimiento penitenciario está destinado “a la retención y custodia de los detenidos, presos y penados” en virtud de resolución judicial favoreciendo, como marca el artículo 25.2 de la Constitución Española, la reeducación y reinserción social de la población reclusa. Incluso desde las más altas instancias de la jerarquía católica se han pronunciado a favor de la denuncia que ha hecho Cáritas España a “la propia existencia de centros de detención de extranjeros”. El subsecretario del Vaticano para la sección dedicada a migrantes y refugiados, Fabio Baggio, ha declarado a Europa Press una oposición definida: “la Iglesia católica siempre ha sido muy clara con el tema de la detención administrativa diciendo ‘no’ a cualquier tipo de campo de detenciones que puedan existir, y no podemos apoyar lo que la Iglesia Católica de España está llevando adelante su propia campaña para que estos migrantes y refugiados sean tratados como seres humanos”.

Desde la organización Pueblos Unidos nos explica su presidente, Iván Lendrino, que “desde hace seis meses los internos dentro de un CIE son mayoritariamente magrebíes porque son unas nacionalidades más sencillas de expulsar de territorio nacional debido a los acuerdos bilaterales que existen entre España y sus países de origen”. Finalmente, cuestionan directamente la función de estos mecanismos europeos para el control migratorio desde los que España es su punta de lanza en la frontera sur con África. Ledrino termina reflexionando acerca de para qué sirven los CIE: “¿cuál es el objetivo final? ¿De coacción? El objetivo nuestro es revisar el propio mecanismo que se muestra ineficaz en las políticas migratorias por medidas que apoyen la integración de la migración irregular”.


Este artículo ha sido realizado por Carmen Macías y Álvaro Bravo.

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